Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Anand Grover, Relator Especial
Asamblea General de las Naciones Unidas
A/65/255
Agosto de 2010

A65_225El actual sistema internacional de fiscalización de drogas se ha centrado en crear un mundo libre de drogas casi exclusivamente mediante la aplicación de políticas de ejecución de la ley y sanciones penales. Sin embargo, hay cada vez más pruebas que indican que este enfoque ha fracasado, en primer lugar porque no reconoce las realidades del consumo de drogas y la drogodependencia.

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Si bien es cierto que las drogas pueden tener un efecto pernicioso en la vida de las personas y en la sociedad, este régimen excesivamente punitivo no ha logrado cumplir sus objetivos de salud pública y ha dado lugar a un sinnúmero de violaciones de los derechos humanos.

Las personas que consumen drogas tal vez eviten acudir a los servicios debido a la amenaza de recibir una sanción penal o sencillamente porque temen que se les niegue el acceso a la atención de la salud. La penalización y las prácticas represivas excesivas también menoscaban las iniciativas de promoción de salud, perpetúan el estigma y aumentan los riesgos de salud a que se exponen poblaciones enteras, no sólo los que consumen drogas. Algunos países encarcelan a los consumidores de drogas o les imponen tratamientos obligatorios o aplican ambas medidas. El régimen internacional de fiscalización de drogas vigente también limita innecesariamente el acceso a medicamentos esenciales, lo que atenta contra el disfrute del derecho a la salud.

El objetivo primordial del actual régimen internacional de fiscalización de drogas, enunciado en el preámbulo de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, es la “salud física y moral de la humanidad”, pero el enfoque aplicado actualmente para luchar contra el consumo y la tenencia de drogas conspira contra ese objetivo. La generalización de intervenciones que reduzcan los daños causados por el consumo de drogas (iniciativas de reducción de los daños asociados a las drogas) y de la destipificación en algunos ámbitos relacionados con la lucha contra las drogas mejorarían visiblemente la salud física y moral de las personas que consumen drogas y de la población en general. Las entidades de las Naciones Unidas y los Estados Miembros también deberían adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en el derecho a la salud, además de alentar la coherencia y la comunicación a nivel de todo el sistema, incorporar el uso de indicadores y directrices y considerar la posibilidad de elaborar un nuevo marco jurídico en relación con determinadas drogas ilícitas, a fin de asegurar el respeto, la protección y el disfrute de los derechos de las personas que consumen drogas.

Recomendaciones

Los Estados Miembros deberían:


• Garantizar que todas las medidas encaminadas a reducir los daños ocasionados por las drogas (conforme los detalla el ONUSIDA) y los servicios destinados a tratar la dependencia de las drogas, en especial, la terapia de sustitución de opiáceos, estén a disposición de los consumidores de drogas, sobre todo entre la población penitenciaria.

• Destipificar como delito o despenalizar la posesión y el uso de drogas.

• Derogar o reformar de manera importante la legislación y las normas que coartan la prestación de servicios de salud esenciales a los consumidores de drogas, y examinar las iniciativas relativas a la imposición de la ley en materia de fiscalización de drogas para garantizar que se cumplan las obligaciones ligadas a los derechos humanos.

• Enmendar las leyes, las regulaciones y las normas para aumentar el acceso a los medicamentos esenciales sujetos a fiscalización.

Los organismos de las Naciones Unidas competentes en materia de fiscalización de drogas deberían:

• Integrar los derechos humanos en la respuesta al problema de las drogas a través de leyes, medidas y programas.

• Fomentar una mayor relación y diálogo entre las entidades de las Naciones Unidas que se interesan por los efectos del consumo y el mercado de las drogas, y las políticas y los programas de fiscalización de drogas.

• Estudiar la creación de un mecanismo permanente, como una comisión independiente, que permitiera a las entidades que operan en al ámbito de los derechos humanos contribuir a la elaboración de la normativa en materia de drogas, y supervisar su aplicación nacional, con el objetivo principal de velar por la salud y los derechos humanos de los consumidores de drogas y las comunidades en las que viven.

• Formular directrices que sirvan de referencia a las entidades competentes para adoptar un enfoque de la fiscalización de drogas basado en los derechos humanos, y crear e implantar indicadores basados en los derechos en el ámbito de la fiscalización de drogas y del derecho a la salud.

• Considerar a largo plazo la creación de un marco regulador alternativo en materia de drogas, basado en modelos como el Convenio Marco para el Control del Tabaco.