Durante el siglo XX, las políticas en materia de droga en Colombia se caracterizaron en general por ser cada vez más represivas, poco efectivas y altamente influenciadas por la normatividad desarrollada en el ámbito internacional. En efecto, Colombia pasó en pocos años de tener una regulación dispersa, con énfasis en la prevención y el tratamiento médico-administrativo, a una legislación abundante en tipificación de conductas y sanciones que abarcan todo el ciclo de la droga: desde su producción, pasando por su comercialización y tráfico, hasta su consumo.

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La creciente represión refleja, además, una fuerte influencia de la legislación internacional que se desarrolló en el mismo periodo, impulsada generalmente por los Estados Unidos. En especial a partir de las últimas décadas del siglo XX, con el aumento de la importancia del narcotráfico en la economía y en la sociedad del país, Colombia empezó a seguir la agenda desarrollada por los Estados Unidos para luchar contra el tráfico, produciéndose una interiorización de la ‘guerra a las drogas’.

Mientras el endurecimiento progresivo de las políticas y la aplicación de la tolerancia cero no han logrado acabar con las redes de crimen organizado, las políticas de drogas en la reducción de la oferta no sólo se han revelado inefectivas, sino que han tenido un fuerte impacto en el sistema carcelario, debido al considerable aumento de las medidas represivas y privativas de la libertad. En la actualidad, los centros de reclusión colombianos cuentan con una alta presencia de personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas, y son en su mayoría los eslabones menos importantes de la cadena de cultivo, producción y tráfico de drogas.

Este estudio pretende mostrar algunas de las formas en que las políticas de drogas impactan en el sistema carcelario del país. Para esto, enfocamos nuestro análisis en lo que parece ser el sector más afectado por dichas políticas: aquellas personas que tienen una participación prácticamente mínima en el negocio de las drogas, por desempeñar papeles menores o marginales y no beneficiarse de las ganancias realmente sustanciales. Lo anterior, en un contexto carcelario caracterizado por fuertes restricciones a los derechos humanos derivadas de las precarias condiciones de internamiento.

En Colombia, la gran mayoría de las personas encarceladas por delitos de drogas tienen una participación mínima en las redes del narcotráfico. “Los datos muestran que la gran mayoría de los encarcelados por delitos de drogas son mulas, pequeños distribuidores, transportistas – y no los medianos o grandes narcotraficantes que sí lucran del negocio”, afirma Rodrigo Uprimny, uno de los autores del capítulo sobre Colombia y director del centro de investigación DeJuSticia. “Por lo general, estos reclusos vienen de situaciones sociales muy precarias, y participaron en estas actividades para cubrir sus necesidades básicas: comida, renta, escuela”.

El estudio revela que el 98 por ciento de las personas privadas de libertad por delitos de drogas entre 2007 y 2009 no tenían, o no se les pudo probar, una participación importante en las redes del narcotráfico:

De acuerdo con datos obtenidos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), los delitos de drogas constituyen la tercera razón por la cual las personas son encarceladas. Al finalizar el año 2009, había 12.616 personas privadas de la libertad por delitos de drogas, lo cual equivale al 17 por ciento del total de la población carcelaria del país. Para analizar el nivel de participación en el tráfico de drogas de las personas encarceladas, los investigadores desarrollaron un  indicador proxy. Este indicador se basa en la idea de que una persona que es procesada por simple posesión de drogas, en donde no hay vínculos importantes con redes del tráfico, no sería juzgada por “concurso de delitos”, o sea por varios delitos diferentes. Igualmente, cualquier persona que tiene una participación importante en una organización criminal de drogas sería procesada por “concurso de delitos”, o sea más de un delito, y por “concierto para dprelinquir,” o sea  por ponerse de acuerdo con otras personas para cometer delitos o participar en una organización criminal. Sin embargo, entre 2007 y 2009, del total de las personas encarceladas por delitos de drogas (18.403 personas), sólo 1.348 fueron procesadas en concurso con otros delitos. De ellas, sólo 428 personas lo fueron por “concurso con concierto para delinquir”, lo que lleva a los investigadores a suponer que tan sólo en el 2 por ciento de los casos se pudo probar o existían vinculos con grupos del crimen organizado.

Adicionalmente, el estudio encuentra que existe una especie de feminización del delito de drogas. Si bien la mayoría de las personas detenidas por drogas en Colombia son hombres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por drogas. El estudio revela que entre el 42 y el 48 por ciento de la población femenina privada de la libertad en el país, lo está por delitos de drogas. Los investigadores entrevistaron a cerca de 30 mujeres para entender mejor este fenómeno. “Para las mujeres entrevistadas, el perder la libertad significaba un precio muy bajo frente a la necesidad de sostener a sus familias”, dice Diana Esther Guzmán, la otra autora del capítulo de Colombia. 

El encarcelamiento puede representar la ruptura de las familias y proyectos de vida. “La gran paradoja es que el encarcelamiento no mejora las condiciones ni las perspectivas laborales de aquellas personas que entraron al ‘negocio’ por falta de ingresos”, dice la investigadora Guzmán. 

“Las políticas de drogas no toman en cuenta el increíble peso que tienen los antecedentes penales en la vida de las personas”, afirma Uprinmy. “Es como si el problema se acabara cuando el juez realiza su sentencia, ignorando que todavía están ahí las condiciones que llevaron a estas personas a vender o a transportar drogas”.

Para más información:

– Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Coordinadora de Comunicaciones: en Estados Unidos: +(617) 584-1713.
– Visite nuestra video serie de 5 minutos mostrando el perfil de las personas encarceladas por drogas.

Sistemas sobrecargados: Un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.