Nacional > Parlamento
Asociación vinculada al cannabis denuncia "persecución" contra consumidores y cultivadores
Uruguay fue pionero en la regulación de la producción y venta de cannabis. La legalización de esa actividad, a través de las vías previstas, marcó un ejemplo a nivel mundial y numerosos países se han fijado en el espejo uruguayo para emprender un camino similar. Sin embargo, ciertos factores derivados de una mayor punitividad hacen que esa realidad sea hoy bastante diferente.
La advertencia corresponde a la Asociación de Grow Shops y Comercios Afines, integrada por 25 empresas, tiendas de cultivo, distribuidoras y fabricantes de sustratos y productos para ese cultivo. Claudia de Mello, una de las integrantes de ese colectivo, marcó en el Parlamento un descenso en esa actividad. No solo por aspectos económicos, sino por el "aumento del miedo". La razón, según De Mello, es la cantidad de procesamientos recientes vinculados a la sustancia, a los que relacionó con una "persecución" desatada contra consumidores y cultivadores.
Pese a la vigencia de la regulación, la asociación marcó que en determinados lugares y circunstancias sigue habiendo escasez de oferta del cannabis legal, con lo cual el mercado negro sigue siendo una alternativa. Es muy común, según expresó ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, consultar a algún amigo o conocido que cultive o sea socio de algún club de membresía, que obtienen su cannabis por una vía legal y que muchas veces terminan "abasteciendo" a esas personas sin tener noción del riesgo que corren desde el punto de vista penal.
"Tenemos presos y presas con penas de hasta tres años por menos de 40 gramos, que es lo que la ley prevé que se puede tener encima", advirtió De Mello. Algunos -dijo- registrados incluso como autocultivadores. Muchos también primarios, que por la combinación de distintas leyes terminan aceptando un proceso abreviado, sea por miedo a penas mayores o "amenazas" de los fiscales de que "si no aceptan irán tras su familia o amigos y terminarán en prisión por años".
Según su testimonio, el solo hecho de transportar o haber vendido algunos pocos gramos de marihuana es suficente para enviar a prisión a "personas trabajadoras, sin antecedentes y sin vínculos con el crimen organizado, convirtiendo su vida y la de sus allegados en una pesadilla".
"Para que se hagan una idea, podemos mencionar que hoy en Uruguay los abusadores sexuales tienen menos condenas que alguien que vende marihuana", afirmó De Mello. Su relato fue apoyado por su colega Juan Manuel Varela. "Tenemos amigos presos por cosas insólitas, como tener tres o cuatro plantas más en la casa o por haberle vendido a algún conocido", dijo. "Estamos gastando dinero, recursos de la Policía y de las cárceles en personas que no le hacen ningún daño a la sociedad".
Varela hizo una suposición personal: pidió imaginar que es socio de un club y produce 40 gramos, pero consume solo 20 al mes. Entonces, el resto lo comparte con un vecino. "Capaz que si me encuentran un mensaje de texto al respecto me mandan preso", ironizó.
Los datos citados por la asociación ante el Parlamento - correspondientes a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas de 2019 - indica que el 8,9% de los uruguayos de entre 15 y 65 años declaró haber consumido marihuana en los últimos treinta días. Son unas 109 mil personas. Tomando en cuenta que según ley cada una puede consumir legalmente 40 gramos al mes, implicaría 1,33 gramos por día en promedio. Por lo tanto, el consumo anual total de la sustancia por sería de 53 toneladas.
Las estimaciones indican que 25 toneladas salen del mercado negro.
La gente siempre usará drogas
La problemática estuvo presente este miércoles en un seminario organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativo a las "claves" para la implementación de medidas alternativas a la prisión, desarrollado en el Poder Legislativo.
En varios de los paneles se analizó el "evidente impacto" que tuvo el artículo 74 de la ley de Urgente Consideración (LUC), que estableció penas de entre cuatro y quince años de prisión para los delitos relativos a la venta, facilitación o suministro de estupefacientes. La misma norma introduce también una serie de agravantes, como que el delito se cometa cerca o en el interior de una prisión y que se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución.
La situación afectó sobre todo a las mujeres, que en 2020 representaban el 33% de todos los encarcelados por delitos de drogas, pero que el año pasado eran el 49%.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, reconoció en su última vista al Parlamento a fines de setiembre que el problema del uso de sustancias en Uruguay resulta más problemático por la "lógica prohibicionista", que al propio problema le agrega el narcotráfico. "Todos sabemos que todos los días en una boca de pasta base matan a un tipo en la puerta", dijo. "En ninguna farmacia donde la gente compra cannabis matan a nadie", agregó. La razón: los problemas están donde no existe regulación.
Radío puso como ejemplo a Rivera. "Allí es donde tenemos más crímenes, y es donde no hay farmacias". En su visión, el país debería tener claro su objetivo. "Si creemos que vamos a tener una sociedad donde la gente no vaya a consumir drogas, vamos a frustrarnos", dijo. "Eso no va a pasar nunca. La gente siempre usó drogas y siempre usará drogas".
La cuestión, indicó, es cómo convivir con las drogas gestionando los riesgos y disminuyendo los daños. "La inflación penal es parte del problema, no de la solución", aseguró. "No creo que resolvamos nada cuando a una señora que pasa cannabis adentro de una cárcel la metemos presa".
