Es muy importante la declaración de la canciller Maria Angela Holguín el pasado domingo 10 de octubre, según la cual, Colombia debe llevar a nivel mundial la discusión sobre la política frente a las drogas, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Según su criterio, no tiene sentido que mientras ciertos países desarrollados despenalizan y legalizan ciertos consumos, nosotros sigamos “metiendo a la cárcel al campesino que tiene media hectárea de hoja de coca”.

La canciller tiene toda la razón en destacar esa contradicción. Pero su planteamiento, que es semejante al que hizo el Presidente Santos en México hace unas semanas, es insuficiente y podría incluso ser un boomerang.

Si el problema es únicamente que existe una contradicción entre el hecho de que en Colombia sigamos estrategias punitivas frente a la producción y la distribución de sustancias sicoactivas, mientras que en ciertos países europeos o en ciertas partes de Estados Unidos avanza la despenalización del consumo, entonces la solución puede tomar dos formas radicalmente opuestas: puede uno defender la repenalización del consumo o, por el contrario, avanzar hacia la legalización y regularización de la producción y la distribución.

Precisamente uno de los argumentos del Gobierno Uribe para reformar la Constitución y oponerse a la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional que había despenalizado el consumo de drogas fue que era contradictorio que Colombia defendiera la prohibición a nivel internacional mientras que despenalizaba el consumo a nivel interno.

Por eso no basta con señalar esa posible contradicción: es necesario que Colombia lleve el planteamiento más lejos y entre a cuestionar el régimen prohibicionista existente a nivel internacional. Este ha fracasado estruendosamente en evitar el crecimiento de la oferta de drogas ilícitas, como lo muestra cualquier evaluación del mercado de estas sustancias; pero además el prohibicionismo ha producido gravísimos efectos, como el crecimiento de las mafias del narcotráfico y de la violencia y corrupción que le están asociadas, que ha afectado gravemente a casi todos los países latinoamericanos.

El gobierno Santos no debe entonces limitarse a señalar la contradicción que con acierto resalta la Canciller Holguín sino que debe llevar de frente a nivel internacional el debate sobre la legitimidad del régimen prohibicionista; debe incluso plantearlo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por los efectos que sobre la seguridad internacional tiene el narcotrafico. 

Colombia tiene la autoridad moral para plantear dicho debate precisamente por haber sido una de las víctimas de la violencia y corrupción del narcotráfico (aunque no debemos negar que nos hemos también “beneficiado” de esos dineros ilícitos).  Y hay muy buenos argumentos para defender el abandono del régimen prohibicionista y su sustitución por una política de regularización o legalización regulada de la producción, distribución y consumo de las drogas, que varios estudiosos hemos defendido infructuosamente desde hace muchos años.

Este blog fue publicado originalmente en La Silla Vacía