Empezó por romper el tabú de la prohibición y la persecución policiva como único mecanismo para enfrentar el problema, para plantearlo como lo que es: un tema de salud pública en donde la dignidad del ser humano, la del adicto, está en juego y hay que respetarla. Con base en este diagnóstico Petro se convirtió en el primer gobernante en atreverse a aplicar el mandato de la Ley 1655 de 2012, que abre la posibilidad de tratar al drogadicto como a un enfermo y no como a un delincuente.