El Estado Plurinacional de Bolivia determinó denunciar la Convención de Viena de 1961 sobre estupefacientes, que penalizó el masticado (acullicu) de la coca y su uso con fines culturales, para lo cual remitió un proyecto de ley al Legislativo, que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados.
El presidente Evo Morales envió esa propuesta hace dos meses. El primer paso fue dado ayer en la Cámara Baja, que aprobó la iniciativa y la remitió al Senado.
En sus argumentos, Morales se remitió a la novena disposición transitoria de la Carta Magna, que establece que “el Ejecutivo denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Contitución”; en este caso, el artículo 384, que reconoce a la coca como patrimonio cultural y natural.
El canciller David Choquehuanca explicó que con esta medida se busca que el pueblo siga con esta práctica; por tanto, una vez que el Senado apruebe esa norma y el Mandatario la promulgue deberá ser enviada a la ONU antes del 1 de julio.
“La Convención de 1961 dice que no podemos ejercitar esta práctica ancestral y el denunciar el acuerdo significa defender nuestra cultura”, señaló.
En febrero de este año, Morales ya había anticipado, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, que analizaba la posibilidad de denunciar la Convención de 1961, si la ONU no retira el veto al acullicu.
En ese entonces, el embajador de Bolivia en la ONU, Pablo Solón, dijo que al menos 14 países, entre ellos Estados Unidos, expresaron formalmente su oposición a despenalizar el masticado de la hoja de coca.
Al concluir la sesión, el canciller Choquehuanca explicó que una vez que se haga conocer la denuncia formal deberán pasar seis meses para que se aplique, entonces se pondrá en conocimiento de las partes, es decir, los 196 países que son parte de ese organismo internacional.
“Desde entonces, los países tendrán 12 meses para expresar su posición sobre la denuncia boliviana”, agregó el canciller
Respecto de la decisión del Gobierno boliviano, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), César Guedes, dijo que Bolivia, como país miembro de esa instancia, se adhiere a todos los artículos de la Convención para suscribirla, ratificarla o denunciarla en caso de ser necesario.
“No se puede denunciar la convención en partes, sino todo el instrumento y hay una fecha límite que el 1 de julio del año; empero, el país sigue siendo miembro los próximos seis meses y recién el 1 de enero del siguiente año, recién queda desactivada la Convención para el país”, dijo.
Agregó que en ese lapso, los miembros de la ONU analizarán la denuncia y los pasos a seguir.
Para la oposición, esta medida representa la “renuncia” de Bolivia de la Convención de 1961, lo que implicaría estar al margen de medias de control sobre uso y producción de drogas; empero, el oficialismo niega el extremo.
“Hay que hacer la denuncia a efectos de renegociar la convención y en 2012 Bolivia volverá a adherirse poniendo en claro la reserva (disposición a la que el Bolivia no hará caso) sobre el uso de la coca. Se trata de un procedimiento internacional y Bolivia no se aleja de la convención pero ahora se hará la renegociación o una fase de transición”, dijo el diputado Lucio Marca (MAS).
“Si recién en 2012 se volverá a adherir, entonces, durante seis meses nos pone como un país que no va a acatar ciertas medidas de control y es un aislamiento de la comunidad internacional y nos pone en el ojo de la tormenta”, señaló la diputada suplente Alejandra Prado (CN).