El 20 de diciembre se cumplirán cinco años de la promulgación de la ley de Regulación y Control del Cannabis (19.172). Por tal motivo, la bancada de Diputados del Frente Amplio organizó una serie de conferencias y talleres que tuvieron lugar ayer en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Una de las charlas más destacadas fue la dedicada a la aplicación y los desafíos de los distintos aspectos de la regulación. El abogado Diego Silva Forné, uno de los redactores de la ley, se enfocó en el punto de vista jurídico. En primer lugar, destacó que la aplicación de la ley se produjo en “forma pacífica”, por lo que algunos pronósticos “apocalípticos” que preveían “una crisis en la sociedad uruguaya” resultaron “ridículos”. Agregó que, en cuanto a los derechos y libertades de la ciudadanía, “el balance es favorable”, pero acotó que en lo referido a la actuación del Estado persiste la influencia de “intereses corporativos” y “prejuicios morales”, que conspiran contra “los principios” que inspiraron la regulación.

El abogado señaló que la actuación en este terreno de los operadores judiciales (jueces y fiscales) es desigual. Aseguró que, en relación con las drogas, en “buena parte de la corporación judicial” hay “fuertes resistencias”, y que incluso “algunos magistrados” han practicado una suerte de “negacionismo”, ya que en varios fallos “hicieron de cuenta que la ley no había sido aprobada”. Por lo tanto, señaló que, tras casi cinco años de la promulgación de la norma, “es evidente” que “la mera actividad legislativa” no modifica de por sí la realidad, sino que se deben sumar diversos factores “para dar efectividad a los derechos reconocidos por una ley”.

Además, Silva señaló algunas “cuestiones sorprendentes”. Por ejemplo, dijo que en los envoltorios en los que viene el cannabis que se vende en farmacias se indica, entre otras cosas, que una de las modalidades más convenientes de consumo es por medio de la vaporización; sin embargo, y en paralelo, la Dirección Nacional de Aduanas “requisa los vaporizadores y no los deja ingresar al territorio nacional”, amparándose en el Decreto 534/009, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que prohíbe la comercialización e importación del llamado “cigarrillo electrónico”. A juicio de Silva, además, ese decreto es “inconstitucional e ilegal”.

El abogado dijo a la diaria que la ley ofrece muchas posibilidades “para explorar en distintos ámbitos”, pero que la administración actual “no tiene una política en relación al cannabis”, pese a que el mercado legal para los productos relacionados con él está creciendo “en forma exponencial” en el mundo, como se ve en California y en Canadá. “Se está moviendo a nivel económico y las empresas de cannabis están cotizando en bolsa. Sin embargo, en Uruguay la administración no se puso el tema del cannabis abajo del brazo. Da la impresión de que cada iniciativa particular, ya sea de empresarios, investigadores o médicos, está librada a su propia suerte y tiene que navegar en un mar burocrático para conseguir cualquier cosa”, finalizó Silva.

Por su parte, la doctora Julia Galzerano, especialista en adicciones e integrante de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, se refirió a la regulación del cannabis medicinal. Señaló que es un “desafío” que la legislación se cumpla realmente, ya que “hay un desconocimiento en la mayoría de los médicos” sobre el uso terapéutico del cannabis. Agregó que, por lo general, a menor capacitación en esta materia corresponden mayores prejuicios por parte de los profesionales, y se preguntó de quién es la responsabilidad de la formación en este terreno; si de la Facultad de Medicina, del Estado o de cada médico. Además, afirmó que algunos pacientes van a la consulta médica porque piensan que el cannabis es un producto natural que, como “a la señora de enfrente le hizo bien”, en ellos tendrá el mismo efecto (como sucede con muchos fármacos). En la misma línea, señaló que hay una “fantasía de panacea” respecto del cannabis medicinal, pero “no todo el mundo” responde al tratamiento. Por último, Galzerano subrayó que en la actualidad hay sólo dos productos de cannabis medicinal en farmacias (Epifractan, un aceite, a 2% y a 5%, cuyo nombre se debe a que tiene como indicación primaria los casos de epilepsia refractaria), y que para conseguir otros medicamentos de ese tipo hay que realizar trámites ante el Ministerio de Salud Pública para importarlos, pero tienen “un costo elevado”. “Esto hace que sea una medicina diferente, que es lo que no queremos. Queremos que sea accesible para todos los que la precisan”, sentenció.

Al final de la conferencia, en el momento de las preguntas del público, tomó la palabra un muchacho que se presentó como “técnico responsable” de un club cannábico e hizo duras críticas a la implementación de la ley. Dijo que a los clubes “los siguen marginando”, mientras les dan “flexibilidad” a las farmacias para “cuidarles las cuentas bancarias”. Además, se quejó de que los clubes no puedan producir aceite de cannabis, y alegó que es como si les dijeran que pueden cultivar uvas, pero no hacer vino. “Somos una asociación, marcaron un tope de cantidad de gente y no nos dejan crecer más. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a a seguir ignorando?”, finalizó.