La oposición de los diputados Doreen Ibarra (Frente Izquierda de Liberación) y Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista) al proyecto de regulación del mercado de la marihuana provocó que la comisión de la Agrupación Parlamentaria oficialista que analizaba la “Estrategia por la Vida y la Convivencia” propusiera que el Frente Amplio (FA) discuta este tema durante un mes en su interna para saldar el debate.
Si bien Ibarra estaría dispuesto a acatar lo que resuelva la fuerza política, Pérez manifestó lo contrario y eso preocupa especialmente a los impulsores del proyecto, ya que la actual redacción no suma apoyos por fuera del FA. “Me tendrán que llevar a un tribunal. Para mí es un tema de principios, filosófico. No puedo aceptar que se dé por algo bueno a la droga”, dijo el legislador electo por Maldonado, el jueves, al semanario Búsqueda.
Pérez, además, tiene el respaldo de su sector político, Cabildo 1813, y por lo tanto ni siquiera se maneja como alternativa un posible ingreso de su suplente para que vote la iniciativa.
Antonio Álvarez, dirigente de Cabildo 1813, sector mayoritario dentro de la Liga Federal Frenteamplista (LFF), dijo que si bien el tema todavía no está formalmente laudado por el sector, es muy probable que se opongan a este proyecto de ley, aunque el eventual desacato de Pérez “no ha sido discutido”. En tanto, la LFF se pronunciaría también contra la regulación.
Mala memoria
“Nosotros no dependemos de un voto”, sostienen las organizaciones nucleadas en la Movida Cannábica Uruguay, que milita a favor del proyecto de ley de regulación del mercado de cannabis. En una carta enviada a Pérez, Ibarra y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, sostienen que, “según la última encuesta, sumamos más de un 30% [de la población] a favor de la regulación del autocultivo y demás características de la ley”, algo que, “si la memoria no nos engaña, sumaría más que la intención de voto al Partido Colorado y al Partido Nacional juntos”, aseguran los activistas.
En la misiva piden una entrevista con estas tres personas, ya que “por vía pública vemos vilipendiada nuestra conciencia de clase, y menoscabada nuestra intensa y permanente labor en este proceso”. “Argumentos avalados por expertos tanto en el plano científico, antropológico y filosófico demuestran la real dimensión de nuestra propuesta de cambio al marco normativo de las políticas de drogas, dado que la realidad de los tiempos en que vivimos demuestra que las actuales leyes y posturas de lucha contra las drogas son obsoletas y desmedran los derechos de los usuarios y cultivadores fortaleciendo en cambio las arcas del narcotráfico”.
Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, adelantó una posible salida: “Vamos a ver también cómo se negocia afuera [del FA], porque un proyecto de ley de este tipo también hay que verlo para afuera, no sólo internamente”. Algunos legisladores de la oposición como los diputados Fernando Amado (Partido Colorado), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y los dos representantes del Partido Independiente se manifestaron a favor de legalizar el autocultivo de marihuana, pero discrepan con que el Estado asuma la venta y distribución de esta sustancia. De hecho, Amado llegó a proponer que el Parlamento apruebe la legalización del autocultivo y después de eso comience con la discusión de la regulación del mercado del cannabis.
La propuesta de debatir el tema durante 30 días fue presentada este sábado por el diputado Julio Bango (Partido Socialista [PS]), uno de los principales impulsores de este proyecto, que consideró que se trata de “un tiempo prudencial para que se pueda conversar con los compañeros que tienen discrepancias”.
Al debate en la comisión no asistieron ni Pérez ni representantes de Alianza Progresista, cuyo principal referente, el senador Rodolfo Nin Novoa, también había manifestado reticencias con el proyecto. Sí estuvo Ibarra, que presentó un documento de su sector argumentando en contra, lo que generó una discusión entre los integrantes de la comisión. “Fue la única oposición al proyecto”, dijo Bango, que también informó que en caso de que el FA decida ratificarlo, se buscará que exista un “tiempo” para que se pueda “procesar” la decisión en el Parlamento, aunque también dijo que la idea es votar el proyecto en el primer semestre de este año.
Otras prioridades
En cuanto a los demás proyectos que comprenden la Estrategia por la Vida y la Convivencia, Bango informó que se priorizará la aprobación de la Ley de Tenencia de Armas y el proyecto de Ley de Faltas. Hay otras dos iniciativas que el Ministerio del Interior considera importantes: la Ley Orgánica Policial, que crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, y el otrora proyecto de Internación Compulsiva, que “ahora ya no es más, porque sufrió modificaciones en su última formulación y tenemos que conversarlo”.
También hubo definiciones en otras comisiones. En la de agro el diputado Hermes Toledo (PS) informó que si bien hay un proyecto suyo que prohíbe la venta de tierras a estados extranjeros, se aguardará un plazo de entre 30 y 60 días para que el Poder Ejecutivo presente un proyecto alternativo. En caso de que no lo haga, la bancada estudiará la idea presentada por Toledo.
Entre otros proyectos que se mencionaron en esta comisión, se acordó priorizar el nuevo impuesto al patrimonio que sustituirá al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Además, el gobierno anunció que presentará un proyecto de ley con cambios en el Instituto Nacional de la Leche, aunque no adelantó cuál será su contenido.
En tanto, otra comisión que se encargó de estudiar temas de salud, vivienda y “leyes reparatorias”, consideró “altamente inconveniente” la aprobación de dos proyectos que presentó la oposición sobre ajustes de deudas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Concretamente, hay un proyecto en la comisión de Vivienda de diputados del Partido Nacional que establece una declaración de “nulidad” de los reajustes diferidos “establecidos unilateralmente por resoluciones administrativas del banco”.
Mientras, otro elaborado por el Partido Independiente en la Comisión de Hacienda, busca convertir las deudas a esta institución de unidades reajustables a unidades indexadas, al entender que existe un “desfasaje” entre “los valores de mercado de las viviendas usadas” (tasadas en unidades indexadas) y las deudas hipotecarias “nominadas en unidades reajustables”, que “determinan que los valores de los activos del BHU no reflejen adecuadamente el valor de mercado de los bienes inmuebles hipotecarios”. Según el diputado Alfredo Asti, ambos proyectos “afectarían muchísimo el funcionamiento de toda la programación de la política de vivienda”.
El diputado Orrico, que integró la comisión que trataba los temas de “derecho”, explicó que se buscará aprobar en el primer semestre la reforma del Código Penal en la cámara baja, y del Código del Proceso Penal en el Senado. En cuanto a este último, adelantó que seguramente haya que fijar una fecha en la que empiece a regir, que no sea “inmediata”, dado que implicaría un “cambio radical” en el funcionamiento del procedimiento penal. Además, sesionó una comisión sobre minería, en la que se informó de los avances en el proyecto de Megaminería de Gran Porte.