Ecuador

Descriminalización pendiente

Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en Ecuador

Tendencia

En 2008, la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó una amnistía para las 'mulas' de drogas que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran pasado más de un año en la cárcel.

Una nueva Constitución aprobada por referendo en septiembre de 2008 establece sobre los usuarios de drogas que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”. Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas. 

La ley descriminalizaría la tenencia para uso personal y disminuiría los niveles de condena para el tráfico de pequeña escala.

Ley

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Ley 108 está vigente desde 1990.

El artículo 364 de la Nueva Constitución, dice que:

“Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”. 

Para las últimas noticias sobre la reforma de la legislación sobre drogas en Ecuador haga clic aquí.


Leyes de drogas y tendencias legislativas en Ecuador

Al igual que en otros países de la región, las medidas de control de drogas de Ecuador han sido moldeadas de acuerdo a la presión e intereses de Estados Unidos. A pesar que el país es un punto importante para el tránsito de drogas ilícitas, insumos químicos y lavado de dinero, el narcotráfico no es percibido como una amenaza significativa para la seguridad nacional, y porque además son mínimos los cultivos de coca frente a otros países de la región, como Colombia, Perú y Bolivia. Paradójicamente, Ecuador cuenta con una de las leyes de drogas más severas de América Latina; su política criminal anti-drogas ha provocado que, según reporte de la Defensoría Pública al 2011, más del 34 por ciento de las personas privadas de la libertad están recluidas por haberse involucrado en delitos de drogas, siendo el componente más grande incluso por encima de otros delitos como robos u homicidios. A ello se suma la desproporción de las penas y la violación de las garantías del debido proceso del que son sujetos las personas imputadas por esta especie de delitos.

Legislación vigente

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Ley 108, vigente desde 1990, contiene un enfoque especialmente punitivo. Más del 40% de sus artículos se dedica a la represión, desplazando aspectos como la prevención, educación o rehabilitación. La Ley no distingue entre ofensores de menor escala y traficantes de gran envergadura, por lo cual, las penas por portación o tenencia de cantidades menores pueden ser iguales a las de cantidades significativas de estupefacientes. La Ley trata varias categorías delictuales bajo las cuales una persona puede ser acusada, lo cual se agrava con la ampliación de verbos rectores que expanden el control penal sobre actividades comunes del espacio público.

De acuerdo con la Ley 108 la pena por tráfico ilícito, posesión o transporte de drogas es de 12 a 16 con acumulación de hasta 25 años de reclusión, lo cual contrasta con la cantidad de pena de otros delitos como el homicidio simple, cuyo rango es de 8 a 12 años. Dicho grado de desproporcionalidad ha desatado algunas medidas para intentar enmendar y nivelar las penas por delitos menores relacionados con drogas. Es así que en julio de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó una resolución para el indulto de las “mulas del narcotráfico” o personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. El indulto fue otorgado a 2,221 personas que transportaron hasta 2 kilos de drogas.

Una nueva Constitución aprobada por referendo en septiembre de 2008 establece sobre los usuarios de drogas que “en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales”. Esto ha abierto la puerta para una reforma a la ley de drogas.

Impactos de la legislación sobre la situación carcelaria

La vigencia de la Ley 108 tuvo como consecuencia un importante incremento en la población carcelaria, la cual aumentó al doble en menos de veinte años. En 2008, Ecuador alcanzó el porcentaje más alto de sobrepoblación penitenciaria en América Latina. Las violaciones a los derechos humanos y el escaso o carente acceso a necesidades básicas de alimentación, higiene y atención médica son una condición constante en los centros de rehabilitación social ecuatorianos.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en varios momentos entre 1993 y 2007, casi el 50 por ciento de todos los presos en Ecuador estuvieron recluidos por delitos relacionados con drogas. La mayoría de las personas encarceladas por este tipo de delitos provienen de sectores pobres y marginados, desempleados y con escasa educación.

Uno de los impactos más notables de la legislación ecuatoriana es la significativa feminización de los delitos –cantidad de mujeres encerradas por delitos de drogas– relacionados con drogas que, a diferencia de otros países en América Latina, es mayor al de los hombres. Durante los últimos 15 años, entre el 65 y 79 por ciento de la población femenina carcelaria en Ecuador se encontraba recluida por delitos relacionados con drogas. Las mujeres, debido a su posición social vulnerable, son excepcionalmente propensas a caer en el micro–comercio de drogas y a desempeñarse como “mulas”, es decir, en el nivel más bajo del tráfico de drogas.

Legislación y reforma

El 14 de octubre de 2011 el gobierno del presidente Rafael Correa presentó oficialmente el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que plantea la reforma integral a toda la legislación penal incluyendo la ley de drogas y sus sentencias. El proyecto propone entre los artículos 398 y 412 sancionar con pena de 19 a 25 años la producción y tráfico de grandes cantidades de droga; mientras que plantea sancionar con pena de 1 hasta 3 años a la tenencia y posesión de cantidades menores, intentando así distinguir a los usuarios o consumidores –no punibles– de las personas sujetas a la ley.

La reforma también plantea penas de 19 a 28 años por delitos de sicariato y asesinato, con un máximo de 35 años de acumulación de penas. Asimismo, incluye de forma detallada las sanciones a delitos de enriquecimiento privado no justificado, captación ilegal de dinero, crimen organizado, trata de personas, entre otros.

Las medidas del Gobierno de Ecuador mantienen una tendencia a enmendar el carácter desproporcionado de sus penas y a enfatizar la efectividad de políticas menos represivas. Las iniciativas más emblemáticas, tales como el indulto oficial otorgado a las “mulas”  han arrojado resultados positivos, ya que menos del 1 por ciento ha reincidido en este tipo de delitos.

Podría decirse que, de las reformas contempladas en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, el actual gobierno está llevando a cabo cambios institucionales importantes para que el problema de las drogas ilícitas sea visto desde una perspectiva de salud pública y no sólo desde la óptica del poder punitivo.

Es importante que deban realizarse muchos esfuerzos para revertir las consecuencias de las leyes impuestas en el pasado; no obstante, es claro también que el gobierno ecuatoriano seguirá enfocando sus esfuerzos en lograr un enfoque más “humano” en el tratamiento de los delitos relacionados con sustancias ilegales.

Información relacionada:

La recurrente crisis carcelaria en Ecuador. Por: Fernando Carrión M.

Investigación (2008) - Análisis de la ley de drogas desde una perspectiva socio-política: “Diagnóstico de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”

La  cooperación en materia de control de droga

En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales de América Latina , El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), Mayo 2014

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