¿Todos somos Juárez?

Maureen Meyer
Martes, 19 de octubre, 2010

todossomosjuarezEl 12 de octubre de 2010, el presidente mexicano Felipe Calderón viajó a Ciudad Juárez para asistir a una reunión de evaluación del programa "Todos Somos Juárez", que se anunció hace siete meses como una forma de "reconstruir" la ciudad plagada de violencia. Lejos de recibir elogios durante su visita, en la que Calderón inuguró un hospital de salud mental y un parque público como parte de “Todos somos Juárez”, el presidente se enfrentó a las protestas generalizadas de periodistas y ciudadanos. Como dijo una estudiante, “Calderón viene a abrir un centro psiquiátrico cuando él es el creador de nuestras psicosis. Cómo se atreve a mostrar la cara?”

Aunque Ciudad Juárez no es la única ciudad en México asolada por la violencia, continúa siendo uno de los ejemplos más visibles del fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano para combatir la delincuencia organizada en el país. Aunque la Policía Federal sustituyó el pasado mes de abril a los militares como el principal órgano responsable de la seguridad en Juárez, la situación ha seguido deteriorándose y en octubre los assinatos relacionados con las drogas ya llegaban a los 200, haciendo de éste el mes más violento de la historia. En la semana pasada solamente, cinco niños, uno de tan sólo un año de edad, fueron encontrados abandonados en la calle o en guarderías porque sus padres no los fueron a recoger. Sus padres habían sido "levantados" (llevados) y, posteriormente, asesinados por grupos delictivos.

La crisis de seguridad en Ciudad Juárez y en otras partes de México subraya la necesidad de un cambio drástico en la estrategia para poner en práctica soluciones a largo plazo a la debilidad institucional histórica en México que es lo que ha contribuido a la expansión del narcotráfico en el país. Un elemento esencial de esta estrategia debe ser ganar la confianza del público en la aplicación de la ley y en los organismos militares que se supone deben proteger a la ciudadanía. Actualmente se estima que sólo el 25 por ciento de los delitos son reportados en México y que de éstos, sólo el 2 por ciento da lugar a una condena de la persona responsable.

Un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “Abuso y miedo en Ciudad Juárez”, ofrece una instantánea de cómo el despliegue de las fuerzas de seguridad sin los controles necesarios sólo socava los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y mejorar la seguridad ciudadana. El informe destaca cinco casos de abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos desplegados en la ciudad en el contexto de la mayor operación contra el narcotráfico en México, "Operación Conjunta Chihuahua". En su opinión, en lugar de disminuir la violencia y aumentar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad, los abusos generalizados cometidos por los mlitares – incluyendo desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias – minan los esfuerzos de seguridad en la ciudad y hacen dismunir la voluntad de la población para colaborar en la lucha contra cualquier tipo de delito.

Es evidente que México enfrenta problemas de seguridad pública, pero estos no justifican que las fuerzas del orden y los militares usen tácticas ilegales contra la población. Como una forma de combatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en el país, el Gobierno mexicano debe pedir cuentas a los miembros de las fuerzas armadas y la policía por las violaciones que cometan contra los derechos humanos, y redoblar sus esfuerzos para fortalecer la policía y el sistema de justicia penal. México necesita una policía y un sistema judicial eficaz, libre de corrupción, que sea capaz de identificar, juzgar y castigar a los delincuentes para que la población confíe, en vez de temer, en los organismos gubernamentales responsables de su protección.

Maureen Meyer es la delegada para México y América Central de la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y es coautora de “Abuso y miedo en Ciudad Juárez”, un informe de WOLA y del Centro Prodh.