La legalización de la marihuana es un fenómeno que está ocurriendo en las principales democracias, ya sea para uso medicinal, terapéutico y hasta recreativo. En donde ha sucedido existe el consenso de que es más beneficioso crear el marco legal e institucional para producir y comercializar marihuana que prohibirla totalmente. En México este debate es necesario por las implicaciones económicas y sociales que esta posibilidad conlleva.

A partir de 2018, en California, Estados Unidos, ya se produce y comercializa marihuana legalmente para uso recreativo. La economía de esta entidad es la más importante de Estados Unidos y por sí misma es más grande que la de muchos países del orbe. La historia está por contarse, sin embargo es previsible que en los próximos años se evalúe el impacto social, económico y de salud pública de esta decisión, por lo que cualquier debate al respecto debe darse a partir de estas dimensiones.

Para México es muy relevante que California, estado parte de la frontera con nuestro país, haya dado este paso, por lo que la pregunta es inevitable: ¿conviene legalizar la marihuana para que sea producida y consumida libremente en suelo mexicano?

Se sabe que la industria de la marihuana podría generar crecimiento económico a cierta escala, aunque hay otros aspectos que se deben tomar en cuenta al evaluar la legalización. ¿Conviene permitirla y pagar los impuestos asociados? Una de las previsiones es que legalizar la marihuana debilitará las finanzas y la operación de los cárteles de la droga.

Para el Estado mexicano, contar con mayor recaudación fiscal puede ser un alivio para las finanzas. Por otra parte, restar fuerza al narcotráfico sería un escenario deseado en cualquier caso. En México ya está permitido el uso de la marihuana para uso medicinal y científico, sin embargo son cada vez más las voces que manifiestan la necesidad de ampliar su uso al ámbito recreativo.

Al respecto, todavía quedan cuestiones fundamentales al aire. Se desconoce si los actuales participantes del mercado de la marihuana aspiran a ser legales, del mismo modo que no se sabe cómo recibirían a nuevos competidores en la industria. Además, queda pendiente la forma en la que se integraría a este nuevo sector en la economía formal, en los procesos de bancarización, ante las autoridades fiscales, entre otros elementos.

La actual política antidrogas está relacionada con la ola de violencia en la que el crimen organizado ha sumido al país. En una democracia moderna, los individuos deben tener la capacidad de decidir por sí mismos lo que les aprovecha o no, y si lo que consumen les beneficia o perjudica. La libertad es un derecho humano fundamental que merece el respeto irrestricto de los gobiernos. Por ello, el debate debe reabrirse cuanto antes.

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