Patrícia Álvares
Montevideo, 29 ago (EFE).- Uruguay ya no se conforma con defender la soberanía nacional respecto a su ley de regulación del mercado de compraventa de la marihuana, sino que el pequeño país suramericano empezó últimamente a recomendar al mundo la adopción de políticas regulatorias como alternativa a la "guerra contra las drogas".
"A mí hasta me cuesta un poco a esta altura seguir mencionando algo tan evidente, tan redundante. (Hablar de guerra contra las drogas) Genera una sensación de desvío del tema central", dijo a Efe Juan Andrés Roballo, presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), para quien se hace necesario pasar a un trabajo "sofisticado" de la regulación.
Roballo, quien también es prosecretario de la Presidencia de la República, conversó con Efe durante el seminario internacional "Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI", en el que parlamentarios de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay crearon una red por "el cambio de paradigma" en la materia.
En lo que va de año, al menos una decena de conferencias con expertos y autoridades internacionales tuvieron lugar en Montevideo, reforzando el liderato que Uruguay anhela sobre el enfoque humanitario de la política mundial de drogas con vistas a revolucionar una reunión especial de la ONU en abril de 2016 en Nueva York.
Conocida como Ungass, esa Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas confrontará el modelo prohibicionista que rige el escenario represivo actual en el mundo con la mirada humana bajo una perspectiva sanitaria, que parece haberse convertido en una tendencia del discurso en algunos países en Latinoamérica.
Sin embargo, mientras las naciones que empiezan a abrir la cabeza respecto al tema hablan de despenalización del consumo de drogas, Uruguay, que no lo tiene criminalizado desde 1974, se puso en el frente de batalla y fue más allá al permitir la producción y comercialización del cannabis bajo el control del Estado.
La iniciativa atrajo la mirada internacional al "paisito" convertido en el laboratorio de una experiencia inédita, respaldada y criticada por las más variadas voces de la política mundial.
A propósito, es precisamente con el argumento de tamaña observación externa del experimento uruguayo que el Gobierno viene aplazando la conclusión de la licitación de las empresas que se postularon para plantar el cannabis del Estado.
"No queremos fallar", repitió reiteradas veces el secretario general de la JND, Milton Romani, ante la insistencia de la prensa por una nueva fecha desde que la prevista para el pasado febrero se evaporó.
En declaraciones con Efe, Romani dijo que espera llegar a la Ungass con la venta de la marihuana en las farmacias ya en marcha, lo que implicaría dar a conocer las empresas licitadas en los próximos días y esperar su instalación en un terreno estatal designado en San José (suroeste), además de cuatro meses hasta la cosecha.
Mientras tanto se organizarían los establecimientos farmacéuticos encargados de comercializar la sustancia a los usuarios debidamente registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Por ahora, los cultivadores domésticos y los organizados en cooperativas son los únicos que han usufructuado de la reciente legislación, cerca de 3.000 legalizados en todo el país, según fuentes oficiales.
La ley que regula la producción y el mercado de la marihuana en el país se aprobó a finales de 2013, impulsada por el entonces presidente José Mujica (2010-2015) como estrategia para hacer frente al narcotráfico.
Con o sin la comercialización recreativa en pleno funcionamiento, Uruguay llegará a la Ungass como la cobaya del discurso por el cambio de paradigma en la lucha antidrogas.
A su lado, figurarán aquellos, latinoamericanos en su mayoría, que reclaman la autoridad del subcontinente que más ha pagado con la vida de sus propios ciudadanos los costos de la violenta guerra contra el tráfico de estupefacientes, siendo el principal productor de la hoja de coca, materia prima de la cocaína.
Entre ellos, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien inclusive estará en Montevideo el próximo lunes como parte de una gira por el Cono Sur con este tema en su agenda.
Del otro lado, naciones asiáticas que aplican la pena de muerte para delitos vinculados con drogas defenderán sus posturas más extremas.
"Estamos diciendo al mundo que la regulación del mercado de la marihuana es un camino posible", dijo a Efe Romani.
Resta saber si la moda pegará.