Pionera, pero no perfecta: 10 años de la legislación del cannabis de uso adulto en Uruguay

“Alguien tiene que ser el primero”, decía en 2012 el expresidente uruguayo, José Mujica, cuando lo consultaban sobre la posibilidad de legalizar el mercado de cannabis en Uruguay y experimentar así una alternativa al prohibicionismo imperante. Tiempo después, en diciembre de 2013, el Congreso de su país aprobaba una ley que por primera vez en el mundo regulaba integralmente el mercado de cannabis para uso adulto o recreativo. Pasada una década se estima que el 51% de los uruguayos que fuma esta hierba lo hace dentro del circuito legal: la marihuana se vende en farmacias habilitadas, es posible cultivarla en casa u obtenerla en clubes cannábicos. “La ley parece estar cumpliendo su objetivo de reducir el narcotráfico”, señala un informe oficial de abril pasado. El acceso por ese mercado ilegal, explica la agencia Uruguay XXI, cayó del 58% al 24% entre 2014 y 2022.

En 2013, Uruguay (3,4 millones de habitantes) tomó el camino inverso al adoptado por la mayoría de países y optó por la legalización del consumo adulto o lúdico de cannabis antes de regular el empleado con fines medicinales o industriales. La ley 19.172, aprobada con los votos de la izquierda y rechazada en bloque por la centroderecha, determinó el control y regulación estatal de la producción, venta y consumo del cannabis, haciendo hincapié en la prevención de su uso problemático, la seguridad de la población y la reducción del narcotráfico. La despenalización avanza en muchos países, pero a 2023, solo Uruguay, Canadá y algunos de los estados de Estados Unidos, indica el informe citado, legalizaron totalmente la venta comercial de cannabis para uso adulto. En Colombia, el Congreso acaba de rechazar esa posibilidad, mientras que en Alemania una ley aprobada en agosto con ese fin se pondría en práctica en 2024.

“Regulamos para proteger el derecho de las personas que han hecho libremente la opción de consumir. Para que sepa lo que está consumiendo y para que no se vea obligada a vincularse con organizaciones criminales para acceder al cannabis”, afirmó Daniel Radío, médico de profesión y actual secretario de la Junta Nacional de Drogas. “Casi diariamente tenemos noticias de una persona herida, muerta o detenida en un procedimiento [policial] en una boca [punto] de venta [de droga] clandestina. Jamás tuvimos esa noticia con los miles de ciudadanos que concurren a comprar cannabis en el mercado regulado”, enfatizó Radío durante un foro académico celebrado en noviembre en Montevideo. Y preguntó a los presentes: “¿Eso nos parece poco avance en términos civilizatorios?”.

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) estima que en Uruguay hay aproximadamente 250.000 usuarios de esa planta. De ellos, 86.207 están registrados y acceden por algunas de las tres vías habilitadas por ley: farmacias, cultivo doméstico o clubes cannábicos. Otros miles lo hacen mediante el uso compartido de la marihuana obtenida dentro del circuito legal, por lo que el IRCCA estima que en el último año el mercado real alcanza al 51% de los consumidores. El gran desafío, subrayan los expertos, es atraer a quienes aún están por fuera del ámbito regulado. Para eso sugieren incrementar los puntos de venta y aumentar la variedad de la oferta, que actualmente se concentra en tres tipos: Alfa, Beta y Gamma. Esta última, incorporada hace un año y con un mayor efecto psicoactivo, hizo que 11.000 nuevos usuarios adhirieran al sistema regulado, informa el IRCCA.

Para poder comprar marihuana en alguna de las 40 farmacias habilitadas en el país es obligatorio registrarse, tener más de 18 años y ser ciudadano o residente en Uruguay. La ley no contempla que los turistas accedan al mercado legal. Una vez inscriptos, los usuarios pueden consumir hasta 40 gramos mensuales (el promedio de consumo mensual en farmacias oscila entre los 14 y 17 gramos, según el IRCCA); cada paquete contiene cinco gramos y el precio ronda los 460 pesos, unos 12 dólares. En total, 61.129 personas conforman el registro de adquirentes en farmacias; 14.592 están habilitadas como cultivadores domésticos (se permiten hasta seis plantas), mientras que 10.486 forman parte de los 306 clubes cannábicos con un tope de 45 miembros cada uno (pueden cultivar hasta 99 plantas de cannabis psicoactivo).

Registro obligatorio

En su informe de abril de 2023 sobre el cannabis, la agencia oficial Uruguay XXI sostiene que la ley “parece estar cumpliendo su objetivo de reducir el narcotráfico” en el país, y en ese sentido indica que el acceso por la vía del mercado ilegal “disminuyó de 58,2% en 2014 a 24% en 2022″. Sobre este aspecto, una investigación de la Universidad Católica del Uruguay, difundida en noviembre, señala la existencia de “zonas grises” en el mercado regulado, en las que el cannabis producido legalmente es vendido de forma ilegal. “Hay una desconfianza en el registro, en la privacidad del uso de los datos. Eso hace que muchos usuarios no estén dispuestos a registrarse a través de los mecanismos legales”, sostuvo la politóloga Lorena Repetto durante la presentación del estudio Zonas grises, mercados legales e ilegales: 10 años de la regulación del cannabis en Uruguay.

El registro obligatorio es uno de los requisitos más controvertidos de la ley uruguaya, que afectaría sobre todo a usuarios de los sectores sociales más pobres. Llegar a ellos es una asignatura pendiente, sostienen los autores del estudio, pero también a los que viven en zonas del país donde no se encuentra ninguna de las tres vías de acceso legal. Junto a la conveniencia o no del registro, otros planteos han sido recurrentes en los foros celebrados en Uruguay por el décimo aniversario de la ley: generar nuevos y diferentes puntos de venta; permitir un mayor número de socios en los clubes; contemplar que los visitantes puedan acceder legalmente a la marihuana o aumentar la variedad de la oferta. Algunos especialistas también sugieren gravar el consumo de cannabis (actualmente exento de impuestos) y dedicar lo recaudado a prevenir y tratar el uso problemático de esta droga.

“El camino de la regulación no tiene marcha atrás”, dijo Radío, secretario de la Junta Nacional de Drogas. El experto destacó el “hecho diferencial” de que esta política regulatoria fuera adoptada por la anterior administración de izquierda y continuada por la presente coalición gobernante de centroderecha. “Somos la generación de la transición. Los herederos de un siglo de prohibicionismo que prohijó el desconocimiento, los prejuicios, el estigma, que retrasó los avances en términos, por ejemplo, de investigación, y que generó múltiples barreras”, agregó. Uruguay comenzó a desandar este camino hace diez años, continuó Radío, pero advirtió que el país “está demasiado quieto” por falta de decisión política e intereses en juego, mientras el mundo avanza en la investigación y el conocimiento en torno al cannabis.

Radío insistió en que la regulación debe apuntar a proteger el derecho de las personas a consumir libremente el cannabis, no para combatir a nadie. Desde su punto de vista “el poder del narcotráfico no va a disminuir”, tal y como se propuso la ley de 2013: “Los grandes narcotraficantes no viven del cannabis”, aseguró. Además, Radío dijo que las organizaciones criminales son polifuncionales y se reconvierten: “No es verdad que se vayan a ver debilitadas”. “Y la violencia no va a disminuir por la elemental razón de que el cannabis no está asociado a la violencia”, concluyó.

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