Colombia da los primeros pasos para cambiar la política antidrogas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está empeñado en transformar la política contra las drogas ilícitas. En las dos semanas que lleva gobernando ha enfatizado en dejar de criminalizar a los eslabones más vulnerables de la cadena, los cultivadores de coca, y enfocar los esfuerzos en cerrarle el paso a las organizaciones criminales en las etapas más rentables del negocio. Eso no significa, por lo menos por ahora, una ruptura completa con los aliados ni un cambio inmediato de paradigma: una delegación de Estados Unidos, con la que se reunió este martes en la Casa de Nariño, ratificó que la estrategia antinarcóticos sigue estando en la agenda común.

El encuentro tuvo lugar el mismo día que el ministro colombiano de justicia, Néstor Osuna, negó que el Gobierno tenga planes de despenalizar la cocaína, lo que reafirma que es más un viraje que una ruptura total. “No se va a legalizar la cocaína en este Gobierno”, afirmó. “Se tiene la intención de no perseguir militar ni policialmente a los campesinos que viven de la siembra de cannabis o de hoja de coca. La política es de sustitución de cultivos y tierras donde puedan cultivar otros productos”, explicó en diálogo con EL PAÍS. “Frente al consumo, la política será de salud pública, no de prohibicionismo”, agregó.

La precisión del ministro Osuna podría apaciguar las preocupaciones que surgieron tras las declaraciones de la cabeza antidrogas del gobierno Petro, Felipe Tascón, en un artículo del diario The Washington Post. “Los narcotraficantes saben que su negocio depende de la prohibición. Si lo regulamos como un mercado público, las grandes ganancias desaparecen, al igual que los narcotraficantes”, decía. El periódico estadounidense indicó que la administración en Colombia estaba proponiendo “acabar con la prohibición y lanzar un mercado de cocaína regulado por el Estado”.

Desde el día de su posesión, Petro señaló que a su juicio la lucha contra las drogas ha fracasado. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”, aseguró. Este viernes, en la ceremonia de transmisión de mando de la Policía, cuestionó la criminalización de cultivadores y consumidores. “¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal si es un simple campesino que no tiene más que cultivar?”, preguntó en su discurso. “¿Desde cuándo es un criminal un joven que consume y que debería tener un médico o un psicólogo al lado, tratando de superar las debilidades de la mente?”, añadió.

La estrategia del gobierno de Colombia para transformar la política antidrogas, que incluye parar las fumigaciones aéreas con glifosato y priorizar la erradicación manual concertada con comunidades, también contempla reforzar los operativos de interdicción aérea y marítima para frenar el paso de sustancias ilícitas. “Es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción que podría solucionar incluso problemas de conflictividad interna armada en la medida que un territorio deja de ser atractivo para exportar cocaína”, explicó el mandatario en un consejo de seguridad en Quibdó (Chocó).

A su modo de ver, el narcotráfico no solo ha sido una de las causas estructurales de la violencia en Colombia, sino del racismo y la desigualdad ante la falta de presencia del Estado, según sostuvo en una cumbre con alcaldes y gobernadores del Pacífico, una de las zonas que más se disputan las organizaciones ilegales. “¿Y cuál es la respuesta desde Bogotá, y desde Washington? Pues llenar esto de militares. Y los otros [los grupos ilegales], también se arman y los que van muriendo son negros”, dijo en el primer viaje después de su posesión.

Tras la reunión de este martes con el gobierno colombiano, el director de la oficina de política nacional de control de drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, precisó que “la administración Biden está en una nueva era sobre la política de drogas que es holística, basada en ciencias compasivas y centrada en las personas”. Dijo que Estados Unidos seguirá siendo aliado de Colombia y que “las discusiones simbolizan la importancia de una responsabilidad compartida. Es el motivo por el cual el presidente Biden está tomando acciones fuertes para reducir el consumo de drogas”. Esas palabras coinciden con la postura de Petro y de Osuna de tener una mirada diferente de la lucha contra las drogas, sin eliminarla de tajo.

Más allá de ese ajuste en los objetivos de la lucha, Colombia busca liderar una discusión internacional sobre el cambio de modelo, aprovechando el liderazgo de la izquierda en América Latina. “El presidente quiere plantear en organismos internacionales, a mediano o largo plazo y siempre concertado con la comunidad internacional, la posibilidad de una política de drogas diferente”, admitió el ministro de justicia a EL PAÍS.

Tascón, el experto antidrogas que integró el grupo de empalme de Petro, ha explicado que se busca tener una “causa común entre los países productores de cocaína: Bolivia, Perú y Colombia, y los de mayor tráfico: México, Honduras, Venezuela y Brasil. Un núcleo fuerte para cambiar el paradigma fracasado de la prohibición”. Colombia ya está dando pasos más pequeños, como impulsar un proyecto de ley que busca legalizar el consumo recreativo de la marihuana entre adultos, algo que ya se permite en 19 estados de los Estados Unidos. De ahí, y de enfocar la lucha en los eslabones más rentables del narcotráfico, a cambiar todo el enfoque mundial a uno de salud pública, hay un camino largo.

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