Uruguay

Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en Uruguay

Tendencia

Uruguay es uno de los pocos países que nunca ha criminalizado la posesión de drogas para uso personal. Desde 1974, la ley no establece límites de cantidad dejando a la discreción de los jueces la determinación sobre si la intención era el uso personal. No se impone sanción alguna si el juez determina que la cantidad poseída estaba destinada al uso personal.

Pero el hecho de que la legislación uruguaya prohíba la producción y comercialización de drogas pone al consumidor, ya sea ocasional o adicto, frente a la necesidad de recurrir al mercado ilícito, el único posible, para obtener la sustancia que con frecuencia es de pésima calidad.

Debido a que en el Uruguay el consumo y la tenencia para el consumo personal no está sujetos a penas, desde hace unos diez años se van venido incorporando medidas de reducción de daños como parte de las estrategias de reducción de la demanda. La asunción de este enfoque por parte del Gobierno uruguayo ha sido muy significativa internacionalmente, en la medida en que ha ampliado el abanico de estrategias de reducción de la demanda sin contraponer abstencionismo a reducción de daños. Simplemente, se asume la posibilidad de abordar distintas estrategias para distintas situaciones de consumo.

Ley

Decreto de Ley No 14.294, Artículo 31: “Quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su consumo personal”.

El texto del artículo de 1974 fue actualizado en 1998 así: “Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”.

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Leyes de drogas y cárceles en Uruguay

Uruguay tiene una de las mejores políticas de drogas en el continente. En el Uruguay, la ley no penaliza el consumo de estupefacientes ni su tenencia para el consumo personal. Adicionalmente, en los últimos años, las políticas nacionales de drogas han priorizado la persecución de medianos y grandes traficantes, en vez de enfocar los recursos y energías en los narcomenudistas, quienes son fácilmente reemplazados. Esta investigación examina los alcances de la legislación y las políticas desarrolladas y cómo se materializa este marco normativo y político en la situación carcelaria del país, observando particularmente la población privada de libertad por delitos relacionados con drogas.

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La década de la lata

A 10 años de la llegada de la pasta base de cocaína, Uruguay siente sus efectos. De las primeras dosis -detectadas en 2001- a hoy, muchas cosas han cambiado: se incrementaron los delitos contra la propiedad, se desintegró un concepto de familia, creció y se complejizó la población carcelaria y se hizo más profunda la brecha entre distintos barrios y clases sociales, por lo menos en la capital.

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Un balance del combate a la droga

Ex titular de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, asegura que hoy el país está más capacitado para combatir ese delito. Políticas para la rehabilitación de adictos y "mano dura" con los delitos conexos fueron distintivos de una gestión de seis años.

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La cultura del cultivo

Las historias de Alicia Castilla y Mauricio B que publicó la diaria hace una semana no son casos aislados o fallas del sistema penal. Una investigación de la socióloga Giorgina Garibotto demuestra que la mayoría de las acciones policiales en materia de drogas culmina con incautaciones insignificantes, mientras que legisladores del oficialismo estiman que hay unas 350 personas en las cárceles uruguayas acusadas por autocultivo. Para el director de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, las sentencias por autocultivo son absurdas.

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De canuto

Varias organizaciones juveniles de partidos oficialistas franelearon con la idea durante al menos cuatro años. Sin embargo, el primer proyecto de ley que propone la despenalización del cultivo personal de cáñamo para fumar tiene el apellido Lacalle, anatema para la izquierda. Si bien la iniciativa del diputado Luis Lacalle Pou sustituye algunos prejuicios viejos por otros que no lo son tanto, tiene una virtud que minimiza todos sus posibles defectos: instauraría, de ser aprobada, un sistema normativo menos hipócrita que el actual. Algunas hipocresías quedarían en pie, pero principio quieren las cosas.

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