Cataluña prepara una ley pionera sobre el cannabis que inspira una ILP en el Congreso

BARCELONA.– El Parlament de Catalunya prepara una ley pionera en el Estado español sobre el cultivo, distribución y consumo de cannabis. Mediante esta nueva normativa, que recoge las aspiraciones de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al Parlament en el 2014 por la plataforma La Rosa Verda, se pretende dotar de seguridad jurídica a los consumidores, regulando el marco de los clubes de consumo, más de 500 en Cataluña. Los grupos parlamentarios catalanes podrán presentar enmiendas hasta el próximo enero al actual borrador, al cual ha tenido acceso cuartopoder.es, un texto que pretende desarrollar los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad del consumidor y a la libertad en la disposición del propio cuerpo. "La ley actual está a años luz de la realidad social, de los Derechos Humanos y alejada de cualquier criterio científico", describe a este medio Oriol Casals, director jurídico del Observatorio Civil de Drogas, de implantación estatal, y portavoz de la promotora de la ILP, La Rosa Verda, de la cual forman parte distintas asociaciones y colectivos de distintos ámbitos. Esta ley que pretende impulsar La Rosa Verda ha inspirado otra ILP que se presentará mañana viernes en el Congreso de los Diputados, de ámbito estatal.

La nueva ley definirá qué es una asociación y establecerá los derechos de los asociados a estos colectivos. Entre estos derechos, se incluirá el de la información sobre la composición y calidad de la sustancia cannábica mediante un análisis. "Esto es fundamental: si se está protegiendo la salud pública, necesitamos esa información que se refiere a la salud individual de las personas, que sean sustancias controladas y seguras", considera Casals, que asegura que "ésta sería la primera ley que establecería controles sobre la composición de las sustancias y obligaciones documentales para el transporte y el cultivo del cannabis". Además, este especialista en políticas sobre drogas explica que esta nueva normativa se produce en un momento en el que "desde el Gobierno del PP ha habido una campaña de presión para intentar eliminar estas asociaciones en todo el Estado mediante la vía represiva, con juicios, acusándoles de asociación ilícita". Se calcula que hay unas 950 asociaciones en todo el Estado. "El modelo que ha impulsado la sociedad civil en el Estado español es un modelo referente a nivel mundial, copiado en la regulación del cannabis de Uruguay, tomado como referencia en Canadá y en los estudios políticos de drogas internacionales y está en peligro de desaparición. Sería bastante grave y paradógico que mientras es un modelo fuera, se terminara con él aquí", relata Casals.

Cataluña lleva un largo recorrido en la lucha por la regulación del cultivo y la distribución a través de asociaciones, las cuales tienen un gran apoyo social. El Parlament de Catalunya, en el 2014, desarrolló una moción que decía que iba a regular este tema en cuatro meses y se inició un proceso de negociación política sin que se llegara a aprobar ninguna ley, aunque sí se redactó una resolución en enero de 2015. "La resolución no es una ley, pero es importante porque el Parlament reconocía el valor de las asociaciones de consumidores en su labor de gestión de riesgos y reducción de daños, exponiendo criterios de salud", valora Casals. "Ahora el legislador pedía un nuevo impulso, son temas que necesitan presión social", añade. Por ello, una comisión promotora, La Rosa Verda, redactó este nuevo texto legal y lo presentó en marzo de 2015 en el Parlament. Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue admitida a trámite en el mes de abril del 2015 y en junio se inició la recogida de firmas. Se consiguieron 65.000 firmas y se validaron unas 54.000, superándose las 50.000 firmas que hacían falta para seguir con la tramitación.

Durante las últimas semanas se ha desarrollado en el Parlament una serie de 37 comparecencias de expertos sobre el tema de todo el mundo: juristas, psicólogos, sociólogos, farmacólogos, filósofos, ... "Parece que el texto final no será exactamente como hemos presentado, pero la voluntad de regular y cambiar el paradigma es masiva, las diferencias están en los detalles", explica Casals. "Es probable incluso que vaya más allá de lo que planteamos, porque las comparecencias han puesto de manifiesto que hay que regular también el cultivo y el transporte del cannabis y evitar el modelo de Holanda de la puerta de atrás, donde en el caso de los coffee shops se regulaba el consumo, pero no el modelo de cultivo y transporte hasta los mismos", comenta el portavoz de la comisión promotora, que considera que "es muy relevante que haya un consenso tan amplio en el Parlament sobre el tema, muchos grupos que están de acuerdo en esto no lo suelen estar en otros temas".

El PP presentó una enmienda a la totalidad para que se retirara el texto y no fue apoyada por más grupos. Votaron en contra de esa propuesta CSQP, C´s, PSC, CUP y JxSí. Un total de 120 diputados votó a favor de la tramitación, mientras que la enmienda del PP la apoyaron sólo sus nueve parlamentarios. Se están planteando diferencias en algunos detalles que se pueden reflejar en enmiendas. Después de enero se iniciará su aprobación y negociación en el Parlament. "Parece que hay un compromiso de que se apruebe con cierta urgencia por la situación de muchas asociaciones", añade. Las diferencias están en fijar la cantidad de cannabis que pueden producir y cultivar las asociaciones y de qué manera, en el número de socios que pueden tener estos colectivos y en el alcance competencial de la Generalitat con respecto al Estado. "El debate está en lo formal y no en lo material", resume Casals.

Exportación al resto del Estado

Aunque la ley será de ámbito catalán, Casals quiere que se expanda hasta convertirla en una ley estatal. "Ya hay otra ley aprobada en Navarra, no es tan avanzada como ésta, pero además el Gobierno del PP la llevó al Tribunal Constitucional y ahora está suspendida", explica. "En otros procesos como en Estados Unidos vimos cómo fueron los estados los que comenzaron con la regulación, estados como Washington, California, Oregón o Alaska en los que el Gobierno Federal dejó hacer. Es un paralelismo útil, esperemos que el Gobierno estatal sepa leer la situación y amplíe esta ley a todo el territorio", considera este especialista en políticas sobre drogas. Una ley que, recuerda Casals, "regula una sociedad ya existente y sólo plantea el cómo normalizar el consumo en las asociaciones, también podría regular el comercio u otras formas de distribución, pero eso sería una regulación integral del cannabis, sería generar un modelo nuevo. De momento, nosotros creemos que hay que respetar lo que hay socialmente y luego construir". "Las mayorías han cambiado en el Congreso de los Diputados, por eso creemos que se puede cambiar la ley a nivel estatal", considera este portavoz. "Queremos que en el Congreso se avance en la regulación de asociaciones, pero también en el ámbito integral del cannabis", añade, dejando claro que, como observador civil de política de drogas, "habría que planteárselo también con otro tipo de sustancias".

Precisamente, los promotores de la ley navarra, suspendida por el Tribunal Constitucional hace exactamente dos años, aprovechan la efeméride para registrar una ILP en el Congreso de los Diputados. La presentarán mañana, a las 10 horas en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo. "Si hay problemas en las competencias, si el Tribunal Constitucional no nos permite sacar nuestra propia ley en Navarra, lo presentamos en Madrid cumpliendo todos los requisitos", explica Ramón Morcillo, integrante del grupo promotor, un partido político denominado Representación Cannábica Navarra. "Mañana presentamos la ILP a la Mesa del Congreso, para que vean que no contradice ninguna ley orgánica, después conseguiremos medio millón de firmas para que se tramite", prosigue Morcillo. "Queremos forzar el debate, la situación política no está pendiente de este tema, pero llevamos dos años con la propuesta parada, por eso vamos a pelearla a Madrid, que se hable del tema", añade este activista, que asegura que la iniciativa que van a presentar es muy similar a la que se llevó al Parlament.

"Las cifras de consumidores que se conocen son similares en Cataluña al resto del Estado; en torno al 11 o el 12 por ciento de la población del país es consumidora de cannabis, es bastante gente, debe haber un millar de asociaciones de consumidores en todo el Estado", dice Casals, que recuerda que en España el consumo es legal. "Aunque es legal, es decir, no se penaliza, la regulación española gravita en una pieza clave que es la ilegalidad del consumo, hay bastante indefinición al respecto", prosigue. Esta pieza clave es la Ley 17/67 proveniente del régimen franquista que aún está vigente. "Esta ley determina que el consumo de estupefacientes fuera de los fines médicos y de investigación es ilícito, ilegal. No sanciona pero lo prohíbe", explica.

"Entendemos que esta ley ataca de frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues pretende imponer una forma de ser a las personas en su modo más íntimo, ya que las personas que consumen lo hacen buscando una experiencia personal que nada afecta al resto, es decir, no supone afectación a derechos de terceros", argumenta este portavoz. "Más allá de que el legislador franquista pensara que aquello estaba mal moralmente, no tiene razón de ser hoy en día", prosigue. "La disposición derogatoria de la Constitución Española deroga toda normativa anterior incompatible con los derechos recogidos en la propia Constitución, nosotros creemos que resulta inconstitucional la ley de 1976 por la limitación a los derechos a la libre disposición de la personalidad. Además, la actual ley no define cuáles son las sustancias psicotrópicas o drogas y dice que será castigado quien trafique, cultive o de cualquier modo facilite o promueva el consumo", describe. "La ley que promovemos no desafía ninguna legalidad vigente, pues entendemos que esa ley de 1967 es inconstitucional", reitera.